La educación medica en México tiene deficiencias importantes en el terreno de la salud sexual y reproductiva, y ofrece a los estudiantes pocos elementos para el reconocimiento del aborto como un problema relevante de la practica profesional de la medicina .La educación medica carece de opciones para la capacitación clínica de los futuros médicos en modelos para la atención integral del aborto, que incluyen el uso de tecnologías seguras y eficaces, y una gama de servicios para responder a las necesidades de las mujeres. Estas limitaciones tienen especial relevancia en países como México, donde el aborto inseguro sigue siendo un importante problema de salud publica. Además, el marco legal del aborto ha empezado a cambiar en la década presente, por lo que la búsqueda de alternativas para incorporar un enfoque amplio sobre el aborto en los programas de las escuelas de medicina es una tarea que no se puede postergar.
Aplicar el enfoque de la SSR (salud sexual y reproductiva) supone considerar los determinantes socioeconómicos y culturales de la salud; reconocer los factores que limitan la autonomía de las mujeres y promover la equidad de genero; construir derechos sexuales y reproductivos; superar los problemas logísticos que dificultan la operación de los servicios y formar personal con capacidad para transformarlos.
LEYES SOBRE EL ABORTO EN MEXICO
El debate sobre el aborto en México ha sido obstaculizado por la iglesia católica y otros grupos conservadores como el Comité Nacional Pro-Vida y el Partido Acción Nacional que han propiciado la confusión y el amarillismo sobre el tema. Salvo en la capital del país, las leyes sobre el aborto en México son restrictivas y la mayoría de las legislaciones estatales carece de procedimientos precisos para darles cumplimiento, lo que supone un importante obstáculo para garantizar el acceso de las mujeres al aborto en casos de violación o cualquier otra circunstancia amparada por las leyes. Los hospitales públicos que ofrecen servicios de aborto son pocos y se concentran mayormente en el Distrito Federal. Además, las mujeres en general desconocen las leyes y el proceso para autorizar los abortos suele ser complicado, debido al burocratismo de los servicios legales y médicos responsables, es común que la autorización se obtenga cuando el embarazo sobrepasó el primer trimestre y en esos casos la mayoría de los médicos se rehúsa a practicar abortos.
La prohibición legal del aborto nunca ha impedido su práctica clandestina, cuyas consecuencias adversas afectan sobre todo a las mujeres de los sectores pobres, que carecen de recursos económicos e interrumpen sus embarazos bajo condiciones de inseguridad. Por ello, uno de los propósitos de la despenalización del aborto es “eliminar la injusticia social que genera la ilegalidad y atenuar los costos humanos, económicos y sanitarios concomitantes”.
Una primera reforma para liberar las leyes sobre el aborto en México tuvo lugar en el D.F. en 2000. Con esta reforma se ampliaron las causales para el aborto legal, incluyendo, además del embarazo resultado de violación, vigente en todo el país, indicaciones que existían en otros estados: riesgo para la salud de la mujer, malformaciones fetales e inseminación artificial no consentida.
En 2007, se aprobó una reforma que despenalizo el aborto en la Ciudad de México.
El decreto de ley establece que el aborto se permite a solicitud de la mujer hasta las 12 semanas del embarazo y lo autoriza después de ese plazo en casos de violación,
grave riesgo para la salud o la vida de la mujer, y malformaciones genéticas o congénitas severas. Los servicios pueden ofrecerse en unidades de los sectores público, social y privado, por ginecólogos-obstetras o cirujanos generales. La ley ordena a la Secretaria de Salud (SSA) del Distrito Federal proporcionar en sus hospitales servicios de aborto, seguros y gratuitos, para las mujeres residentes en la entidad, así como garantizar el acceso a la anticoncepción para prevenir los embarazos no deseados. La despenalización del aborto en el Distrito Federal responde a la necesidad de abatir la alta incidencia de daños ocasionados por el aborto inseguro. En 2005, la razón de mortalidad materna en el país fue de 63.3 muertes por 100000 nacidos vivos.
CONCLUSION
La formación de personal capacitado para atender las necesidades de SSR (salud sexual y reproductiva) de la población mexicana debe recibir mayor atención en las escuelas de medicina, ya que el éxito de los programas institucionales en esta área no depende solo de contar con mayores recursos financieros o con una mayor infraestructura de servicios. La despenalización del aborto en el Distrito Federal representa un importante desafío para los servicios de salud y las de lograr cabalmente sus propósitos dependerán en buena medida de contar con médicos dispuestos a ofrecer a las mujeres servicios legales y seguros. Por ello, corresponde a los médicos promover un debate limpio sobre sus responsabilidades frente a la interrupción del embarazo al interior de las escuelas de medicina, los servicios de salud y las asociaciones medicas.
REFERENCIA
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México
http://redalyc.uaemex.mx
Aplicar el enfoque de la SSR (salud sexual y reproductiva) supone considerar los determinantes socioeconómicos y culturales de la salud; reconocer los factores que limitan la autonomía de las mujeres y promover la equidad de genero; construir derechos sexuales y reproductivos; superar los problemas logísticos que dificultan la operación de los servicios y formar personal con capacidad para transformarlos.
LEYES SOBRE EL ABORTO EN MEXICO
El debate sobre el aborto en México ha sido obstaculizado por la iglesia católica y otros grupos conservadores como el Comité Nacional Pro-Vida y el Partido Acción Nacional que han propiciado la confusión y el amarillismo sobre el tema. Salvo en la capital del país, las leyes sobre el aborto en México son restrictivas y la mayoría de las legislaciones estatales carece de procedimientos precisos para darles cumplimiento, lo que supone un importante obstáculo para garantizar el acceso de las mujeres al aborto en casos de violación o cualquier otra circunstancia amparada por las leyes. Los hospitales públicos que ofrecen servicios de aborto son pocos y se concentran mayormente en el Distrito Federal. Además, las mujeres en general desconocen las leyes y el proceso para autorizar los abortos suele ser complicado, debido al burocratismo de los servicios legales y médicos responsables, es común que la autorización se obtenga cuando el embarazo sobrepasó el primer trimestre y en esos casos la mayoría de los médicos se rehúsa a practicar abortos.
La prohibición legal del aborto nunca ha impedido su práctica clandestina, cuyas consecuencias adversas afectan sobre todo a las mujeres de los sectores pobres, que carecen de recursos económicos e interrumpen sus embarazos bajo condiciones de inseguridad. Por ello, uno de los propósitos de la despenalización del aborto es “eliminar la injusticia social que genera la ilegalidad y atenuar los costos humanos, económicos y sanitarios concomitantes”.
Una primera reforma para liberar las leyes sobre el aborto en México tuvo lugar en el D.F. en 2000. Con esta reforma se ampliaron las causales para el aborto legal, incluyendo, además del embarazo resultado de violación, vigente en todo el país, indicaciones que existían en otros estados: riesgo para la salud de la mujer, malformaciones fetales e inseminación artificial no consentida.
En 2007, se aprobó una reforma que despenalizo el aborto en la Ciudad de México.
El decreto de ley establece que el aborto se permite a solicitud de la mujer hasta las 12 semanas del embarazo y lo autoriza después de ese plazo en casos de violación,
grave riesgo para la salud o la vida de la mujer, y malformaciones genéticas o congénitas severas. Los servicios pueden ofrecerse en unidades de los sectores público, social y privado, por ginecólogos-obstetras o cirujanos generales. La ley ordena a la Secretaria de Salud (SSA) del Distrito Federal proporcionar en sus hospitales servicios de aborto, seguros y gratuitos, para las mujeres residentes en la entidad, así como garantizar el acceso a la anticoncepción para prevenir los embarazos no deseados. La despenalización del aborto en el Distrito Federal responde a la necesidad de abatir la alta incidencia de daños ocasionados por el aborto inseguro. En 2005, la razón de mortalidad materna en el país fue de 63.3 muertes por 100000 nacidos vivos.
CONCLUSION
La formación de personal capacitado para atender las necesidades de SSR (salud sexual y reproductiva) de la población mexicana debe recibir mayor atención en las escuelas de medicina, ya que el éxito de los programas institucionales en esta área no depende solo de contar con mayores recursos financieros o con una mayor infraestructura de servicios. La despenalización del aborto en el Distrito Federal representa un importante desafío para los servicios de salud y las de lograr cabalmente sus propósitos dependerán en buena medida de contar con médicos dispuestos a ofrecer a las mujeres servicios legales y seguros. Por ello, corresponde a los médicos promover un debate limpio sobre sus responsabilidades frente a la interrupción del embarazo al interior de las escuelas de medicina, los servicios de salud y las asociaciones medicas.
REFERENCIA
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México
http://redalyc.uaemex.mx